La comunidad venezolana en Estados Unidos ha quedado devastada tras la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. Esta medida afecta a 348,202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023, los cuales deberán abandonar el país antes del 7 de abril, a menos que consigan otro estatus migratorio o presenten peticiones de asilo.
La noticia ha generado una fuerte reacción en los venezolanos que se encontraban bajo este amparo migratorio. «Nos sentimos traicionados, nos sentimos usados», afirmó Adelys Ferro, activista venezolana y directora de la organización Venezuelan American Caucus en Miami, durante una rueda de prensa realizada en el restaurante El Arepazo en Doral, municipio que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
La suspensión del parole y las incertidumbres migratorias
El TPS no es la única medida que ha generado preocupación. Días antes del anuncio sobre el fin del TPS, el gobierno de Trump también suspendió el parole, un permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante la administración de Biden.
Activistas como Mayra Marchán, de la organización All For Venezuela, han cuestionado las consecuencias de estas decisiones, señalando que muchos venezolanos no podrán regresar a su país y tampoco podrán quedarse en EE. UU. sin un trabajo legal. Marchán destacó las dificultades que enfrentan los migrantes, como la pérdida de acceso a servicios médicos o la incapacidad de llevar a sus hijos a la escuela por temor a la deportación.
La controversia sobre las «mejoras» en Venezuela
A pesar de las críticas, el gobierno de Trump defendió su decisión señalando que Venezuela ha experimentado «mejoras notables» en áreas como la economía y la delincuencia, lo que permitiría a los migrantes regresar de manera segura. Sin embargo, activistas y venezolanos en EE. UU. rechazan esta afirmación, dado que la situación en su país sigue siendo caótica, con crisis humanitaria, violaciones de derechos humanos y altos niveles de violencia.
Helene Villalonga, presidenta de la organización Amavex, expresó su desconcierto al respecto: «No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela». A medida que las deportaciones de venezolanos comenzaron, el gobierno de Maduro, que mantiene una relación tensa con EE. UU., aceptó los vuelos de deportados bajo ciertas condiciones, lo que añade otra capa de complejidad a la situación.
(BBC News Mundo)
