Washington.– Desde la medianoche de este viernes, cerca de 600 mil venezolanos quedaron expuestos a la deportación inmediata en Estados Unidos, tras expirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que les resguardaba de ser expulsados del país y les permitía trabajar de forma legal.
El vencimiento del programa supone un golpe severo para cientos de miles de migrantes que, ante la falta de alternativas, prefieren permanecer en la sombra antes que regresar a Venezuela. El TPS —creado en 1990 como una medida humanitaria para quienes huyen de crisis políticas o desastres naturales— había sido renovado en varias ocasiones, pero la actual administración decidió ponerle fin, argumentando que el país sudamericano ya no cumple con las condiciones que justificaron su implementación.
Una batalla judicial en curso
El coordinador de la Alianza TPS, José Palma, reiteró que la organización mantiene activa una demanda judicial en defensa de los beneficiarios. El caso busca amparar a dos grupos: los cerca de 250 mil venezolanos que obtuvieron el estatus en 2021, y los más de 350 mil que habían sido incluidos en la ampliación de 2023, ambos ahora sin protección legal.
La disputa judicial permanece abierta en el Noveno Circuito de Apelaciones, después de que la Corte Suprema permitiera al Gobierno continuar con sus planes de suspensión mientras se desarrolla el litigio. Un juez federal ya había determinado previamente que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió sus atribuciones al poner fin al programa, calificando la medida como “arbitraria y caprichosa”.
En riesgo la mayor cifra de beneficiarios en la historia del programa
El fin del TPS para los venezolanos marca el mayor número de personas que pierden esta protección desde su creación hace 34 años. Muchos de los afectados llevan años en territorio estadounidense, con empleos, familias y vínculos comunitarios consolidados, lo que hace aún más incierto su futuro.
La situación recuerda los intentos del expresidente Donald Trump, durante su primer mandato, de cancelar el TPS para ciudadanos de otros seis países —en su mayoría centroamericanos—, acciones que fueron frenadas por fallos judiciales.
