La transformación integral de la economía de Argentina impulsada mediante decretos por su nuevo presidente, Javier Milei, para revertir la endémica crisis económica del país se ha topado con el primer obstáculo judicial serio.
Este miércoles la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina suspendió temporalmente la reforma laboral recogida en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que el pasado 20 de diciembre anunció Milei.
Los jueces de la cámara dictaron una medida cautelar a petición de la central obrera Confederación General del Trabajo (CGT), sindicato ligado al peronismo.
La CGT organizó la semana pasada una movilización contra el DNU y exigió al Poder Judicial que suspendiera la nueva legislación sobre trabajo impuesta mediante un decreto por el gobierno encabezado por Milei, un economista liberal.
La medida cautelar deja sin efecto los cambios en materia laboral impuestos por el presidente solo cinco días después de su puesta en vigor el 29 de diciembre.
La suspensión permanecerá vigente hasta que se dicte una sentencia sobre el caso.
El gobierno, por su parte, anunció que apelará la medida cautelar de la Cámara del Trabajo y pedirá que esa instancia sea considerada incompetente para llevar el caso, según un comunicado de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Alegó que la decisión de la cámara «contradice todos los fallos dictados hasta ahora» y «desoye el criterio que adoptaron los otros tribunales» en Argentina, que «enviaron la causa al juez natural y universal que conoce en todos los asuntos».
El gobierno cree que la instancia adecuada para esta causa es la cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El DNU y su reforma laboral
La reforma laboral de Milei figura en el Título IV del decreto de necesidad y urgencia (DNU), que es el relativo al trabajo.
Algunas de las principales medidas que contempla son la reducción de las aportaciones y contribuciones para la jubilación, de las indemnizaciones por despido y de las multas por registro deficiente de los trabajadores.
También recoge la extensión de los periodos de prueba en las empresas, cambios en los juicios laborales y la reducción de los permisos por embarazo, entre otras.
El DNU fue el segundo de los tres grandes anuncios del nuevo gobierno argentino en sus primeras tres semanas.
El primero fue el de 10 medidas de emergencia anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, solo dos días después de formar gobierno.
Y, después del DNU, Milei anunció la conocida como “ley ómnibus”, con la que prometió “dar un punto de giro en la historia argentina”.
Esta ley propone desregular una gran variedad de sectores económicos como el laboral, el comercial, el inmobiliario, el aeronáutico, el de la salud y hasta el de los clubes de fútbol.
Los críticos de Milei lo acusan de usar como pretexto la emergencia económica que vive el país para imponer por decreto leyes que deberían ser aprobadas por el Congreso.
En el Legislativo, el presidente depende de los apoyos de otras fuerzas políticas para sacar adelante sus iniciativas, ya que su partido La Libertad Avanza es minoritario.
Además, tiene abierto el frente de la oposición peronista, que intenta movilizar a los ciudadanos en las calles y ha convocado para el 24 de enero una media jornada de paro general y una gran movilización frente al Congreso.
También podría encontrar más resistencia en el ámbito de la justicia, ya que se han presentado en los tribunales argentinos más de 10 recursos de amparo contra el DNU.
Los obstáculos que enfrentará el DNU
Análisis de Veronica Smink, periodista de BBC Mundo en Buenos Aires
La decisión de la Cámara del Trabajo es apenas el primero de los varios obstáculos que enfrentará el polémico “megadecreto” de Milei.
Desde el momento en que el presidente libertario lo anunció, se sabía que generaría una lluvia de medidas cautelares para frenar las reformas, que entraron en vigencia el pasado 29 de diciembre.
Y, en efecto, las denuncias se han acumulado en varios juzgados. Pero el comienzo de las vacaciones judiciales, por la temporada de verano, congeló la mayoría de los reclamos.
La Justicia no es el único Poder del Estado que podría frenar los planes de Milei. También el Congreso debe pronunciarse sobre el controvertido DNU.
Una comisión bicameral, compuesta por ocho diputados y ocho senadores, deberá decidir si el uso de un decreto de necesidad y urgencia para derogar y modificar 366 leyes está justificado.
Si lo avala, lo elevará al plenario de la Cámara de Diputados y del Senado, que deberán aceptar o rechazar el DNU completo (ya que no puede analizarse por partes). Con que una sola de las cámaras le dé su visto bueno, todo el DNU queda vigente. Lo mismo ocurrirá si el Congreso no vota sobre su validez.
Pero para eso habrá que esperar hasta que el Parlamento retome sus sesiones ordinarias, en marzo.
BBC MUNDO
