EsquinaRD. – La noche del 1 de noviembre, México volvió a estremecerse. Carlos Manzo, alcalde independiente del municipio de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a tiros durante un evento público por el Día de Muertos. El crimen no solo apagó la voz de un político local, sino que encendió una alarma continental: ser autoridad en América Latina se ha convertido en una profesión de alto riesgo.
Un ataque con peso simbólico
Manzo fue baleado frente a cientos de personas mientras participaba en el tradicional Festival de las Velas.
El ataque ocurrió apenas un año después de asumir la alcaldía como candidato independiente, un perfil poco común en una región dominada por partidos y estructuras tradicionales.
El alcalde había ganado notoriedad por su discurso frontal contra el crimen organizado y por exigir al gobierno federal “usar la fuerza del Estado sin miedo”. En redes lo llamaban “el Bukele mexicano”, por su estilo duro y su narrativa de mano firme.
Violencia política en expansión
El asesinato de Manzo se suma a una lista que no deja de crecer:
• En Ecuador, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado en 2023.
• En Colombia y Honduras, alcaldes y concejales también han sido blanco de ataques en los últimos meses.
• En México, 2025 ya acumula más de 25 asesinatos de funcionarios o exfuncionarios locales, según organizaciones civiles.
Estos hechos reflejan un mismo patrón: la vulnerabilidad de los gobiernos municipales ante el poder del crimen organizado y la fragilidad del Estado en territorios dominados por la violencia. Más que un crimen, un mensaje Michoacán es una de las zonas más golpeadas por el narcotráfico y las disputas entre carteles.
El asesinato de un alcalde que representaba una alternativa fuera de los partidos tradicionales envía un mensaje claro: los liderazgos locales que desafían al crimen siguen sin garantías reales de seguridad. Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad, confirmó que Manzo contaba con protección oficial, pero fue atacado “aprovechando la multitud del evento público”.
Una lección para toda la región
El caso de Carlos Manzo vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Hasta qué punto puede un político enfrentar a estructuras criminales sin pagar el precio más alto?
