Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos modificó la imputación contra Nicolás Maduro y eliminó gran parte de las alusiones al Cartel de los Soles, dejando de señalarlo como líder directo y redefiniendo ese entramado como un “sistema de clientelismo”.
Qué cambió y por qué importa
En la acusación original de 2020, un gran jurado afirmaba que Maduro “ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela”, argumento usado por Donald Trump para justificar operaciones antidrogas en el Caribe.
La nueva imputación baja el tono, elimina referencias al cartel como organización criminal formal y mantiene los cargos por tráfico de drogas, ahora enfocados en corrupción estructural dentro del poder venezolano.
El nuevo enfoque del documento
El texto revisado señala que Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”.
También sostiene que esos beneficios llegan a funcionarios corruptos que “operan en un sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocido como el Cartel de los Soles”, una mención reducida frente a las decenas que aparecían en 2020.
Contraste con el discurso político
La revisión judicial contrasta con declaraciones recientes de Trump, quien afirmó que la operación militar para capturar a Maduro buscaba, entre otros objetivos, descabezar el llamado Cartel de los Soles dentro de una ofensiva regional más amplia.
En 2025, Estados Unidos designó oficialmente a ese supuesto cartel como organización terrorista extranjera, decisión respaldada por Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, y rechazada por Venezuela y Cuba.
Dudas y antecedentes
Analistas venezolanos cuestionan desde hace años la existencia real del grupo como red criminal organizada. Las primeras denuncias surgieron en 2004, cuando el periodista Mauro Marcano acusó a oficiales de la Guardia Nacional de tráfico de drogas.
Caracas ha calificado estas acusaciones como un “invento de la CIA” o un “fetiche” de Washington, postura que mantiene pese a la presión judicial internacional.
