Estados Unidos ha decidido subir la apuesta. La fiscal general Pam Bondi anunció que la recompensa por información que lleve al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro pasa de 25 a 50 millones de dólares. La razón: Washington lo acusa de estar directamente vinculado a operaciones de narcotráfico y lo señala como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.
Esta decisión no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo en un conflicto que lleva años. Desde el primer mandato de Donald Trump, el gobierno estadounidense ha acusado a Maduro y a otros altos funcionarios de narcoterrorismo, corrupción y vínculos con grupos como las FARC. Incluso, en 2020, se ofrecieron 15 millones de dólares por su captura, cifra que fue aumentando con el tiempo hasta llegar al monto actual.
Y eso no se queda ahí…
Bondi asegura que la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína ligadas a Maduro y a su círculo, de las cuales casi siete estarían directamente relacionadas con él. También lo acusa de coordinarse con el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.
Maduro rechaza estas acusaciones, que considera parte de una campaña política en su contra. Desde Caracas, el canciller Yvan Gil calificó la nueva recompensa como “patética” y la tildó de “propaganda política”. Acusó además a Bondi de querer desviar la atención de críticas internas en EE.UU., especialmente relacionadas con el caso del empresario Jeffrey Epstein.
En Venezuela, Maduro se ha mantenido en el poder desde 2013 como sucesor de Hugo Chávez, en medio de denuncias de fraude electoral, represión a la oposición y protestas masivas que, según organizaciones y testimonios, han sido reprimidas con violencia.
En fin, el aumento de la recompensa no es solo una cifra, es un movimiento que refleja la profundidad de la tensión entre Washington y Caracas, y que coloca a Maduro en el centro de un pulso político y judicial que trasciende fronteras.
