La batalla legal por el derecho a la ciudadanía por nacimiento se intensificó este viernes luego de que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones presentaran una nueva demanda contra el presidente Donald Trump. El recurso legal busca frenar la orden ejecutiva que niega la ciudadanía automática a hijos de padres indocumentados o con visas temporales, una protección garantizada por la Constitución de EE.UU.
Esta nueva demanda llega justo después de que la Corte Suprema levantara bloqueos previos de tribunales federales, lo que permite a la Casa Blanca avanzar —por ahora— con su polémica directiva.
Los demandantes acusan al Gobierno de Trump de violar principios constitucionales, ignorar el propósito del Congreso y desafiar precedentes legales establecidos. El abogado Cody Wofsy, de la ACLU, declaró que todos los tribunales que han examinado esta orden coinciden en que es “inconstitucional”.
¿Qué busca Trump?
El decreto pretende retirar la ciudadanía automática a cualquier niño nacido en EE.UU. cuyos padres estén en el país de forma irregular o con estadías temporales. Aunque aún no se ha evaluado el fondo del decreto, la decisión de la Corte Suprema representa un avance para la administración Trump, que ahora tiene 30 días para ponerlo en marcha contra quienes no estén protegidos por demandas activas.
Ya son 22 estados, decenas de familias y ciudadanos estadounidenses los que han demandado al Ejecutivo en diferentes tribunales, buscando detener esta medida antes de su entrada en vigor.
¿Qué pasará ahora?
El fallo del Supremo deja la puerta abierta para que más familias se vean afectadas a partir de agosto, a menos que un tribunal menor lo frene antes. Mientras tanto, organizaciones pro derechos civiles, fiscales estatales y gobernadores demócratas aseguran que seguirán dando la pelea.
“Esta decisión es peligrosa y debilita una de las últimas líneas de defensa contra los abusos del poder”, afirmó la congresista Sylvia García. Por su parte, el fiscal de California, Rob Bonta, advirtió que el caos legal y administrativo que podría generar esta orden tendría un impacto grave a nivel nacional.
“La lucha está lejos de terminar”, dijo uno de los abogados demandantes. Y la ciudadanía de miles de niños también.
