La madrugada del 12 de diciembre de 2024, el cabo primero de la Policía Nacional de Ecuador, Wellington Anchundia, fue arrestado en su casa en Jipijapa, un pequeño municipio de la provincia de Manabí, en la costa ecuatoriana. La sorpresa fue mayúscula para los agentes que participaban en la operación: Anchundia no era un civil cualquiera, sino uno de los suyos, un policía acusado de entrenar a menores de edad para realizar sicariatos.
El caso se desató después de que se encontrara un video en el teléfono móvil de un niño sicario, de 16 años, en el que aparecía recibiendo entrenamiento de tiro de un hombre. El agente en cuestión era Anchundia, quien usaba su arma reglamentaria para enseñar a los menores a disparar a distintos blancos en un campo. El video mostró que la pistola utilizada era una Glock, un arma de dotación estatal. Este material fue suficiente para que la policía iniciara una investigación, que más tarde lo llevaría al arresto.
El modus operandi de Anchundia
Anchundia, de 33 años, vivía modestamente con su esposa e hijos en Jipijapa, una ciudad marcada por la violencia del narcotráfico y el crimen organizado. Su trabajo como policía no destacaba por sus habilidades ni por un desempeño ejemplar: se limitaba a patrullar las calles y escribir partes informativos. Sin embargo, su carrera tomó un giro oscuro cuando se descubrió que no solo había participado en la formación de sicarios, sino que además entregaba armas a los menores y los entrenaba para ejecutar asesinatos.
Este caso no es aislado. Según investigaciones, el entrenamiento de niños sicarios ha crecido en Ecuador, un país que se ha convertido en uno de los más peligrosos de América Latina, donde los jóvenes son captados por organizaciones criminales para ejecutar crímenes. Los menores, debido a su vulnerabilidad y manipulación, son considerados una valiosa fuente de trabajo para estos grupos, que los entrenan para cometer delitos sin el riesgo de recibir castigos severos debido a su edad.
La investigación y el impacto del caso
Cuando las autoridades comenzaron a investigar a Anchundia, inicialmente lo acusaron de trata de personas, dado que los menores eran reclutados y entrenados en contra de su voluntad. Sin embargo, en marzo de 2025, la Fiscalía cambió los cargos a asociación ilícita, una acusación que lo vincula directamente con las organizaciones criminales, aunque desvinculando a los menores de su rol de víctimas. Esta modificación de los cargos no solo refleja un vacío legal en cuanto a la protección de menores, sino también una falta de estrategias claras para abordar este tipo de delitos en el país.
El caso de Anchundia expone una problemática mayor: la falta de preparación y disciplina en las fuerzas policiales. A pesar de su formación básica en la Escuela de Formación Cabo Segundo José Lizandro Herrera, Anchundia no contaba con la experiencia ni el conocimiento adecuado para entrenar a otros. La falta de recursos y de instrucción avanzada en la Policía Nacional de Ecuador ha contribuido a que muchos agentes no tengan el nivel necesario para cumplir adecuadamente con su rol, y peor aún, que algunos, como Anchundia, se involucren en actividades criminales.
La realidad de los menores reclutados para el sicariato
Según Katherine Herrera, ex directora de la Unidad de Trata de Personas del Ministerio del Interior de Ecuador, el reclutamiento de niños y adolescentes para actividades delictivas ha sido una práctica creciente. Estos jóvenes, algunos de tan solo 8 años, son manipulados y amenazados para integrarse a las estructuras criminales. La motivación detrás de este fenómeno radica en que los menores son fácilmente controlables, y en muchos casos, provienen de hogares disfuncionales donde la violencia es parte de su día a día.
Además, la «narcocultura» que permea en diversas regiones del país influye en la normalización de estos crímenes. Los menores, lejos de ser solo víctimas, en muchos casos se convierten en actores activos dentro de las organizaciones criminales. En este contexto, la intervención de figuras como Anchundia, un policía que debía proteger la ley, refleja una grave crisis institucional y social en Ecuador.
La falta de respuestas del Estado
El cambio en la acusación a Anchundia refleja una grave falencia en las estrategias de lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Según Herrera, existe una «negligencia del Estado» en la falta de estrategias claras para combatir el reclutamiento de menores. Si bien países como Colombia han implementado políticas efectivas para abordar este problema, en Ecuador las autoridades no parecen tener un protocolo para investigar y procesar adecuadamente estos casos.
El fenómeno de los niños sicarios no solo afecta a las víctimas directas, sino que también socava las bases de la justicia y el orden en el país. A pesar de que el caso de Anchundia ha revelado una pequeña parte de esta realidad, el impacto social y la respuesta de las instituciones siguen siendo insuficientes.
(El País)
