El descubrimiento de huesos humanos, ropa abandonada y posibles hornos crematorios en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, ha desatado una crisis de confianza en el Gobierno mexicano. El hallazgo, que ha sido catalogado como un posible campo de exterminio utilizado por el crimen organizado, ha puesto a Claudia Sheinbaum frente al mayor desafío social de su Presidencia.
A pesar de la conmoción, la mandataria ha descartado que el caso sea el “talón de Aquiles” de su Gobierno y ha prometido esclarecer los hechos. Durante su conferencia del 20 de marzo, Sheinbaum reafirmó su compromiso de mejorar la búsqueda de desaparecidos y anunció reformas para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda.
El manejo del caso y las omisiones de las autoridades
El caso ha sacado a la luz varias fallas en la gestión de las autoridades locales, que aseguraron el rancho en 2024 sin haber avanzado en su investigación. La Fiscalía General de la República (FGR) identificó hasta 14 omisiones en las pesquisas previas, lo que ha motivado a Sheinbaum a pedir que el caso sea atraído a nivel federal.
La mandataria también se mostró cautelosa respecto a los informes de los activistas, quienes aseguran que el rancho no solo era un campo de entrenamiento del crimen organizado, sino un centro de exterminio. Sin embargo, la presidenta se ha comprometido a evitar que se construya una «verdad histórica» como la que ocurrió en el caso Ayotzinapa.
La presión nacional e internacional por respuestas claras
La falta de claridad en la respuesta gubernamental ha generado una creciente presión tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, exigen al Gobierno que acelere las investigaciones y ofrezca respuestas claras sobre la situación. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos continúan con su búsqueda desesperada, enfrentando un sistema que aún no parece tener las herramientas adecuadas para enfrentar la magnitud de la crisis.
