Santo Domingo.- El Estado activó una respuesta que no podía seguir esperando. El Ministerio de Medio Ambiente declaró de urgencia ambiental la intervención del río Haina, en un tramo crítico, con el objetivo de reducir riesgos, proteger comunidades y encaminar la recuperación de uno de los afluentes más degradados del país.
Un riesgo que ya estaba tocando la puerta
La Resolución N.o 0002-2026 se apoya en estudios técnicos que advierten una amenaza real para más de 10,000 familias del batey Palavé, además de zonas industriales, infraestructuras estratégicas y ecosistemas vinculados al río. El escenario combinaba vulnerabilidad social y deterioro ambiental acumulado.
El Ministerio determinó que el cauce perdió su capacidad natural para manejar crecidas, lo que elevó el peligro ante eventos hidrometeorológicos extremos y obligó a actuar de inmediato.
Qué provocó el colapso del río
Los informes técnicos señalan un deterioro progresivo del cauce, causado por extracción ilegal de áridos, deforestación y abandono de la cuenca media y alta. Estas prácticas alteraron la dinámica fluvial y debilitaron la función protectora natural del río.
El resultado fue un río morfológica y funcionalmente colapsado, incapaz de disipar crecidas y de cumplir su rol ambiental básico.
Qué incluye la intervención
La medida ordena trabajos inmediatos de readecuación del cauce, estabilización geomorfológica y restauración ambiental, tanto en las franjas ribereñas como en la cuenca media y alta. No se trata de una obra puntual, sino de una intervención integral.
El plan incorpora programas de reforestación, restauración ecológica y manejo sostenible del territorio para garantizar resultados duraderos y no soluciones temporales.
Seguridad, ambiente y corresponsabilidad
El proceso contará con la participación de ayuntamientos, comunidades locales, organizaciones sociales, ambientales y académicas. La idea es recuperar el río con vigilancia social y corresponsabilidad territorial.
Para asegurar el cumplimiento, se coordinarán acciones con el SENPA y la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, reforzando el control y la protección del área intervenida.
