Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader informó este miércoles el inicio de un proceso de titulación en dos de las reservas más emblemáticas del país: el Parque Nacional Los Haitises y la Reserva Forestal Loma Novillero, en Villa Altagracia. La medida abarca más de 43 millones de metros cuadrados, que pasarán a estar bajo control legal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Regularización histórica
En detalle, se formalizarán 35.2 millones de metros cuadrados en Los Haitises y 7.9 millones en Loma Novillero, una acción que busca corregir la dispersión institucional que durante décadas dejó a muchos espacios registrados a nombre de distintas entidades estatales, limitando la eficacia de su cuidado.
“Lo que es de todos”
En su discurso, Abinader destacó que la preservación de los recursos naturales requiere una nueva cultura de compromiso colectivo.
“Cuidar lo nuestro es un deber sagrado de cada dominicano, y todavía más de nosotros como Administración Pública. Es una cultura que queremos fomentar y profundizar cada día más. Lo que es de todos es también de cada uno de nosotros, por lo que su protección y correcto cuidado constituye una labor a la que debemos prestar nuestros mejores esfuerzos”, expresó.
Organización por regiones

Para coordinar este avance, el Gobierno conformó un equipo técnico junto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). El plan inició con Los Haitises y Loma Novillero como proceso piloto, extendiéndose a las provincias Monte Plata, Duarte, Hato Mayor y Samaná. La estrategia prevé que el proceso de titulación se divida por regiones y niveles de complejidad hasta abarcar todo el sistema de parques nacionales.
Antecedentes del programa
La iniciativa no surge de la nada. En los últimos años, el Gobierno ha formalizado más de 730 millones de metros cuadrados en áreas de alto valor ambiental, incluyendo el Parque Nacional Jaragua, la Bahía de las Águilas y el Parque Nacional José Del Carmen Ramírez.
Preservación para el futuro
El Ejecutivo entiende que estas acciones no solo refuerzan la seguridad jurídica de los espacios naturales, sino que también crean un precedente histórico en defensa ambiental, garantizando que las futuras generaciones reciban un patrimonio protegido y con reglas claras para su gestión.