Santo Domingo. – Desde hoy, la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas no es opcional. Con la firma del Decreto 52-26, el presidente Luis Abinader activó oficialmente su Reglamento de Aplicación General y dejó claro que todas las instituciones del Estado deben cumplirla de manera obligatoria.
Este paso marca el inicio de una nueva etapa en cómo el Estado contrata, gasta y rinde cuentas.
¿Desde cuándo aplica?
No hay período de gracia informal ni interpretación flexible, toda institución dentro del ámbito de la ley debe ajustar su gestión contractual al nuevo marco normativo.
¿Qué cambia en la práctica?
La reforma no se queda en discurso. El nuevo sistema:
- Obliga a planificar mejor las compras y contrataciones.
- Amplía y ordena la competencia entre proveedores.
- Refuerza los controles y la trazabilidad de cada decisión.
- Reduce espacios para la improvisación, el desorden y el abuso.
En palabras simples, cada contratación dejará rastro, tiene responsables y puede ser verificada.
Qué NO busca la ley
El presidente dijo que “Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública. Busca fortalecerla”.
No es para paralizar el Estado, sino para hacerlo:
- Más eficiente
- Más previsible
- Más confiable para la gente
¿Por qué esto es importante?
Porque coloca reglas que no dependen del gobierno de turno. El objetivo es que:
- Las instituciones sean más fuertes que las personas.
- Las normas duren más que los cargos.
- El interés general esté por encima de cualquier conveniencia particular.
Eso es lo que alinea al país con estándares internacionales de gobernanza y confianza institucional.
La implementación será gradual y acompañada, con capacitación tanto para servidores públicos como para proveedores.
¿Qué gana la ciudadanía?
Más que un cambio legal, esto impacta en lo cotidiano:
- Contrataciones pensadas para el interés general, no para grupos.
- Mayor seguridad jurídica.
- Uso más responsable de los recursos públicos.
- Más transparencia que se puede comprobar, no solo prometer.
