Santo Domingo. – El Gobierno dominicano depositó en el Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado 2025, con el propósito de reforzar la inversión pública y aplicar una política fiscal contracíclica que permita mitigar los efectos de la coyuntura internacional.
La propuesta, presentada por el Ministerio de Hacienda y Economía, busca dinamizar la actividad económica a través de un mayor gasto de capital y garantizar que el crecimiento se sostenga en el tiempo, sin descuidar áreas sensibles como salud, seguridad y programas sociales.
Ingresos y proyecciones fiscales
El presupuesto reformulado estima ingresos por RD$1,277,364.7 millones, lo que equivale al 16 % del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado.
En cuanto a los gastos, la modificación plantea un incremento neto de RD$69,740.2 millones, equivalente a un 4.7 % más que lo aprobado inicialmente. De este total, el gasto de capital tendrá un aumento del 20 %, con una partida adicional de RD$35,548.25 millones, lo que representa un 0.4 % del PIB.
Áreas de inversión prioritaria
El refuerzo presupuestario estará destinado principalmente a proyectos de infraestructura y servicios básicos, a cargo de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de la Vivienda, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y los gobiernos locales.
Además, se contemplan recursos adicionales para organismos constitucionales, así como para programas sociales, seguridad nacional y mejoras en los centros de salud, con énfasis en apoyar el proceso de reforma policial.
Déficit fiscal y sostenibilidad
La propuesta de reformulación implica que el déficit fiscal pase de 3.0 % a 3.47 % del PIB estimado para 2025. No obstante, el Gobierno subraya que este aumento será financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, lo que evita presiones adicionales sobre la deuda pública.
De esta manera, el proyecto asegura el cumplimiento de la Regla Fiscal establecida en la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, garantizando que la expansión del gasto se haga de forma equilibrada, sin comprometer la sostenibilidad ni la estabilidad macroeconómica del país.
Con este presupuesto reformulado, el Ejecutivo plantea un enfoque de inversión pública que no solo responde a las necesidades inmediatas de la población, sino que también busca fortalecer la capacidad del Estado para impulsar la economía en un entorno internacional desafiante.
