Santo Domingo.- El Gobierno dominicano anunció un paquete de medidas para ajustar el gasto público y proteger la economía ante el impacto de la crisis en Medio Oriente, que ya está empujando al alza los precios del petróleo a nivel internacional.
La decisión se tomó en el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, con una meta clara: liberar cerca de RD$40,000 millones sin tocar compromisos ya asumidos.
Por qué se están tomando estas medidas
El punto de partida es externo: el aumento del petróleo.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que economías como la dominicana sienten el golpe directamente en los combustibles, lo que termina presionando la inflación y el costo de vida.
Detalló que cada aumento sostenido de US$10 por barril representa unos US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país.
A eso se suma el impacto en subsidios, transporte, alimentos y producción.
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, fue más directo: el país enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, con un alza superior al 80 % en el petróleo.
Qué busca el Gobierno con este plan
El enfoque no es solo recortar por recortar. Según explicó el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, la idea es posponer lo no esencial para concentrar los recursos en lo importante:
* Mantener la estabilidad económica
* Proteger a las familias
* Sostener los programas sociales
* Evitar presiones mayores en los precios
Todo esto sin frenar el dinamismo del país.
Las medidas que se aplicarán
El ajuste toca varias áreas del gasto público. Entre los principales cambios están:
* Reducción de gastos operativos en instituciones
* Menos compra de vehículos (excepto en áreas clave)
* Recorte en reparaciones y mantenimientos menores
* Control más estricto en servicios y contrataciones
* Eventos oficiales limitados a lo esencial
* Ajustes en viáticos, pasajes y combustibles
* Disminución del gasto en publicidad
* Reducción de textiles y vestimenta institucional
Además, se propone reducir en un 50 % el presupuesto destinado a los partidos políticos.
También habrá menos transferencias a entidades públicas que pueden generar sus propios ingresos.
Qué no se toca
El Gobierno dejó claro que los contratos ya firmados se respetan. Y más importante: las áreas sociales siguen siendo prioridad.
Sectores como asistencia social y seguridad alimentaria quedan protegidos dentro del plan.
