Madrid.– El equipo legal de Julio Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España que archive unas diligencias preprocesales abiertas tras una denuncia por presunto acoso y agresión sexual ocurridos en 2021, señalando que el caso no corresponde a la jurisdicción española.
La defensa cuestiona la competencia de España
En un escrito de 15 páginas, el abogado del cantante, José Antonio Choclán, argumenta que los tribunales españoles carecen de jurisdicción, ya que las denunciantes no son españolas, no son menores de edad y los hechos denunciados habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas, donde Iglesias mantiene su residencia habitual.
Según la defensa, cualquier investigación debería realizarse en el país donde supuestamente ocurrieron los hechos, y no en España.
Daño reputacional y exposición mediática
El abogado sostiene que la apertura de estas diligencias, declaradas secretas, ha generado un grave daño reputacional al artista, quien —según afirma— se ha enterado de las acusaciones a través de medios de comunicación y no por una notificación formal.
Choclán cuestiona que, pese al carácter reservado del proceso, la denuncia haya tenido una amplia difusión mediática en medios españoles y estadounidenses.
Críticas al uso de la jurisdicción internacional
La defensa también señala que la organización que presentó la denuncia, Women’s Link, habría elegido España por considerarla más favorable para impulsar la investigación, algo que —según el abogado— no puede convertir a la Fiscalía española en una especie de “fiscalía universal”.
A su juicio, las víctimas no pueden escoger libremente la jurisdicción que más les convenga sin que exista un vínculo legal claro con ese país.
Pedido para participar en la investigación
El equipo legal de Iglesias solicitó además poder personarse en las diligencias, acceder al contenido de la denuncia y participar en eventuales declaraciones, con el fin de ejercer el derecho a defensa y responder directamente a las acusaciones.
El abogado insiste en que mantener al investigado al margen del proceso mientras el caso se discute públicamente en los medios vulnera garantías básicas.
