Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos pone de relieve los desafíos significativos que enfrentan los inversores extranjeros en República Dominicana, incluida la falta de reglas claras, la corrupción y la incertidumbre regulatoria.
Indica que a pesar de los esfuerzos del gobierno actual para abordar estos problemas, se necesitan reformas más profundas y sostenidas para mejorar el ambiente de inversión en el país y garantizar su crecimiento económico a largo plazo.
A pesar de que República Dominicana es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa en el Caribe y América Central, el informe destaca una serie de problemas.
Uno de los más destacados que menciona la publicación es la falta de reglas claras y estandarizadas para competir en República Dominicana. Los inversores extranjeros reportan que enfrentan obstáculos como percepciones de corrupción generalizada en los niveles nacional y local del Gobierno, falta de competencia técnica dentro del Gobierno, estructuras de toma de decisiones excesivamente centralizadas y jerárquicas, retrasos en los pagos gubernamentales, débil aplicación de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados localmente, y aplicación inconsistente de decisiones judiciales a favor de inversores extranjeros.
A pesar de los esfuerzos del gobierno actual para abordar la corrupción y la falta de transparencia, la corrupción en el Gobierno, incluido el Poder Judicial, sigue siendo un obstáculo importante para la inversión exitosa en República Dominicana, dice el informe citado. Aunque se han realizado mejoras en los últimos tres años, señala que todavía existen preocupaciones sobre la corrupción en la administración pública y en la justicia.
El Gobierno ha prometido realizar reformas importantes, incluida la tan esperada reforma del sector eléctrico y una reforma fiscal necesaria, pero el informe sugiere que ha habido una tendencia a reducir o a retirar estas medidas cuando enfrentan críticas públicas. La reforma del sector eléctrico, en particular, ha sido una de las prioridades en la agenda del Gobierno, pero su avance se ha vuelto incierto a medida que se acercan las elecciones de 2024.
“El Informe de Clima de Inversión 2023 que el gobierno norteamericano publicó sobre la República Dominicana está muy fuerte”, comentó ayer el exministro de Economía dominicano, Juan Ariel Jiménez, a través de su cuenta @JimeneznJuan, de X (antiguo Twitter), al revisar lo dicho por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El exfuncionario del pasado gobierno agregó: “Las quejas incluyen percepciones de corrupción generalizada a nivel de gobierno tanto nacional como local…”
La República Dominicana, una economía de ingresos medios-altos, ha experimentado un crecimiento económico constante en las últimas décadas. Sin embargo, el informe señala que a pesar de los esfuerzos del Gobierno para reducir el gasto público y aumentar los ingresos, la deuda pública continúa creciendo y la inflación se sitúa por encima de los objetivos establecidos.
“A pesar de los esfuerzos gubernamentales para combatir la inflación, la deuda pública alcanzó los US$51.8 mil millones en 2022, lo que plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad de la situación fiscal en el país”, señala el documento.
Se destaca la vulnerabilidad de República Dominicana al cambio climático. A pesar de ser responsable de solo el 0.06 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, el país es uno de los más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático. Los eventos climáticos extremos, como tormentas, inundaciones y sequías, representan una amenaza significativa para la economía y la seguridad del país.
El documento del Departamento de Estado de EE.UU. critica la situación dominicana en lo que respecta a la inversión extranjera y la transparencia del sistema regulatorio. Este informe arroja luz sobre una serie de problemas que afectan a los inversionistas y a las empresas que buscan operar en el país caribeño.
La cuestión de los inversores
En cuanto a la inversión extranjera, el informe –según una traducción hecha en Google, porque el documento está en inglés, señala que a pesar de la falta de restricciones legales o gubernamentales, el Gobierno dominicano ha hecho poco para promover la inversión en el extranjero.
Esto ha resultado en una inversión extranjera saliente significativamente menor que la inversión entrante, lo que plantea preocupaciones sobre el desequilibrio económico y la falta de incentivos a los inversionistas nacionales para expandirse globalmente.
Además, a pesar de la existencia de tratados bilaterales de inversión con varios países, el informe subraya la necesidad de mejorar la transparencia en los procesos regulatorios y la publicación de información completa sobre regulaciones para que los inversionistas tengan un ambiente más predecible y amigable.
En el ámbito regulatorio, enfatiza la falta de transparencia en el sistema. Dice que la información sobre regulaciones está dispersa en diversos sitios web de ministerios y agencias, lo que dificulta su acceso para los inversionistas, especialmente para aquellos que no están familiarizados con el sistema.
Sentencias que no llegan a cumplirse y otros males
En la publicación del Departamento de Estado de EE.UU. se hace constar que el Índice Global de Innovación 2022 muestra que la República Dominicana ocupa posiciones relativamente bajas en términos de entorno regulatorio y calidad regulatoria, lo que sugiere que hay margen para mejoras significativas.
Además, el informe del Banco Mundial sobre Indicadores Globales de Gobernanza Regulatoria señala que las agencias regulatorias dominicanas no publican de manera efectiva cambios regulatorios anticipados o propuestas previstas para su adopción en un plazo específico. Esto puede resultar en una falta de claridad y previsibilidad para las empresas, lo que a su vez puede afectar su capacidad para planificar inversiones a largo plazo y operar de manera eficiente.
En cuanto al sistema legal y la independencia judicial, el informe destaca que, a pesar de que el poder judicial se considera una rama independiente del gobierno, las empresas han expresado preocupaciones sobre la falta de fiabilidad y la percepción de sesgo en el sistema legal, así como retrasos en la obtención de fallos judiciales y la dificultad para hacer cumplir las sentencias.
